DENUNCIA COMPLETA CON ANEXOS (En catalán. PDF 5’58 MB)

PRESENTACIÓN-RESUMEN A PRENSA (PDF 3’10 MB)

 

Al enorme perjuicio que el desmantelamiento supone para los usuarios y para el interés general de la sociedad, se añaden indicios de vulneración de la normativa ferroviaria, urbanística y de medio ambiente que sustentan la denuncia presentada hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Las obras de desmantelamiento incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 23 de junio de 1998 que los ayuntamientos esgrimen continuamente para justificar su posición favorable al desmantelamiento se ejecutarán en el año 2019 y sucesivos, y por lo tanto tendrán que respetar el ordenamiento jurídico actual (ley 38/2015 del sector ferroviario) en relación a la clausura de los tramos de infraestructura ferroviaria en la “Red ferroviaria de Interés General”, como es el caso.

Se da la paradoja de que en dicha Declaración de Impacto Ambiental la propia Renfe declaraba “preferible la duplicación de la vía actual” y “mantener la línea actual en vía única para el Servicio regional y como vía de auxilio para incidencias”.

Además existe un nuevo planeamiento territorial (Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprobado el 10-01-2010) donde se habla claramente de la adaptación de la infraestructura a tren tranvía en lugar de la desafectación de infraestructura ferroviaria asociada al desdoblamiento del tramo Vandellós – Tarragona, que tomaría un trazado diferente más alejado de las poblaciones.

En un intento de justificar el cumplimiento de las exigencias urbanísticas, es decir, la obligación de ubicar un tren-tranvía sobre el actual trazado del tren, entre Cambrils y Tarragona, la Generalitat de Catalunya promete construirlo posteriormente al desmantelamiento a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Una propuesta muy poco creíble, ya que el coste se incrementa sensiblemente en comparación con una progresiva reconversión. Además, nunca en su la historia FGC ha procedido a cerrar una línea y desmantelarla para volver a hacer una nueva en el mismo trazado. Por el contrario, FGC siempre ha mantenido el servicio de pasajeros y ha reducido los tiempos de cierre exclusivamente a los períodos de reposición de infraestructura y obras.

Por contra, la asociación Promoció del Transport Públic (PTP) y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i Social al Camp de Tarragona (PDF) plantean como única alternativa creíble de mantenimiento de este corredor ferroviario la reutilización de las vías existentes para la creación de la nueva línea de tren-tranvía, reduciendo costes e invirtiendo así de manera diligente los recursos de las arcas públicas, y evitando los graves perjuicios que ocasionaría a las personas usuarias un desmantelamiento integral y la consecuente interrupción del servicio. En este sentido, las entidades de defensa del transporte público plantearán para los próximos meses acciones de denuncia y reivindicación para la reconversión de la línea sin interrupción del servicio.

A LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

 

RICARD RIOL JURADO, mayor de edad, con número de DNI xx.xxx.xxx-0, en nombre y representación -en calidad de Presidente- de la Asociación PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC, con domicilio en la Calle Indústria 220, entresuelo de Barcelona (08026), atentamente,

 

E X P O N G O 

I. La Asociación PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP en los siguientes apartados) vela por la defensa de los intereses generales en cuestiones relacionadas con el transporte público, oponiéndose a todas aquellas iniciativas que responden a intereses privados que puedan afectar al bienestar de la sociedad y promoviendo iniciativas de transporte colectivo, seguro y sostenible.

II. De acuerdo con lo anterior, la PTP se ha venido oponiendo a la decisión de las Administraciones públicas competentes de desmantelar completamente la línea ferroviaria entre las estaciones de Port Aventura – Salou – Cambrils – Mont-Roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant, prevista en la Declaración de Impacto Ambiental (ver anexo 1, en adelante DIA) de 23 de junio de 1998 asociada al desdoblamiento del tramo Vandellós – Tarragona, que tomaría un trazado diferente más alejado de las poblaciones. El motivo de esta oposición se debe al enorme perjuicio que supondrá al interés general de la sociedad, en especial el gran número de usuarios de las estaciones céntricas de Salou y Cambrils, que no fueron tenidos en cuenta en la DIA, centrada únicamente en aspectos paisajísticos y de trazado, y no de movilidad. En este documento la propia Renfe declaraba “preferible la duplicación de la vía actual” y “mantener la línea actual en vía única para el Servicio regional y como vía de auxilio para incidèncias”.

Además, las determinaciones de la DIA de 1998 son cuestionables teniendo en cuenta que el desmantelamiento, a diferencia de las obras de desdoblamiento, se ejecutarán a partir del año 2019, y deberán respetar el ordenamiento jurídico actual (ley 38 / 2015 del sector ferroviario) en relación con la clausura de los tramos de infraestructura ferroviaria en la “Red ferroviaria de Interés General”, como es el caso. Además existe un nuevo planeamiento territorial (Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprobado el 10-01-2010) donde se habla claramente de la adaptación de la infraestructura a tren-tranvía en lugar de la desafectación de infraestructura ferroviaria. También se vulneran muchas otras figuras jurídicas mencionadas en la relación de hechos.

Por contra, la PTP pretende y avala la reutilización de las vías existentes para la creación de la nueva línea de tren-tranvía, reduciendo costes e invirtiendo así de manera diligente los recursos de las arcas públicas, y evitando los graves perjuicios que ocasionaría a los usuarios un desmantelamiento integral mientras no se ejecuta ningún tren-tranvía.

III. Para dar cumplimiento a sus obligaciones de ubicar un tren-tranvía sobre el actual trazado del tren, entre Cambrils y Tarragona, la Generalitat de Catalunya promete construirlo a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) . Pero nunca en su historia FGC ha procedido a cerrar una línea y desmantelarla para volver a hacer una nueva en el mismo trazado. Por el contrario, FGC siempre ha mantenido el servicio de pasajeros y ha reducido los tiempos de cierre exclusivamente a los períodos de reposición de infraestructura y obras.

 

Para facilitar a la Fiscalía una información ordenada y coherente, a continuación exponemos la siguiente,

Relación de los hechos:

1 – En el mes de febrero de 2018 la PTP remitió escrito de queja al Síndic de Greuges de Catalunya, dando a conocer la decisión del Ministerio de Fomento, con apoyo activo de los Ayuntamientos, de desmantelar integralmente la línea ferroviaria Port Aventura – Salou – Cambrils – Mont-roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant, sin que estos agentes propusieran ninguna alternativa para facilitar o mejorar la vida de los usuarios de la red de cercanías dada la lejanía de la variante del Corredor Mediterráneo respecto a los núcleos de población más importantes, Salou y Cambrils, y la pérdida de conexión entre estas poblaciones. Ver anexo 2.

El escrito denunció el incumplimiento de las determinaciones urbanísticas del Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona y la vulneración también de la ley 38/2015 del Sector Ferroviario y la ley 17/2017 de lucha contra el Cambio Climático, así como otras normas referidas a la movilidad que se concretan en el escrito que acompañamos.

El escrito se acompaña de una memoria justificativa, exhaustiva en referencia a toda la problemática y donde se señalan los incumplimientos de las diversas Administraciones.

La queja acaba reclamando que el Síndic exija a las tres administraciones, estatal, autonómica y local, documentación efectiva y adopción de acuerdos respecto al contenido de la normativa urbanística en cuanto a movilidad, petición del traspaso de la línea ferroviaria actual y acreditación del cumplimiento de los preceptos del Plan Territorial.

 

2 – La Resolución del Síndic de Greuges y del Parlament de Catalunya han sido clarificadoras, en el sentido de dar respuesta favorable a todas las quejas y peticiones de la PTP relativas a mantener un mínimo de servicio de trenes de Rodalies mientras no se ejecute la adaptación a tren-tranvía. El Síndic expone de manera detallada el incumplimiento de las Administraciones respecto la normativa que se vulnera y expresa en su dictamen de fecha 12 de junio de 2018 lo siguiente: “El desmantelamiento de una infraestructura que podría ser reutilizada para garantizar la movilidad con el mínimo de efecto negativo para el medio ambiente vulneraría el derecho a la movilidad” y “Es por ello que el Síndic insta al Govern de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado para que, conjuntamente, busquen la mejor solución técnica para convertir la actual línea ferroviaria en una infraestructura de transporte público intermunicipal (tren-tranvía). Este asunto debería figurar entre los temas prioritarios en la agenda que se debe tratar entre ambos gobiernos.” (ver anejo 3). En la misma línea se posicionó la Comisión de Territorio del Parlament de Catalunya, que con fecha 12 de septiembre de 2018 aprobó por unanimidad de los siete grupos políticos una resolución que incluía “Promover el mantenimiento del servicio de cercanías, siendo conscientes de las atribuciones que tiene la Generalitat en relación al servicio, mientras no se produzca la conversión en Tren-Tranvía.” (ver anexo 4).

 

3 – El 26 de septiembre de 2018 desde la PTP remitimos también escritos a los Ayuntamientos de Salou y Cambrils, denunciando que el desmantelamiento de la línea ferroviaria conllevaría la pérdida del medio de transporte diario para una media de 675.000 usuarios anuales en las estaciones céntricas de estas poblaciones; tener que desplazarse cerca de dos kilómetros fuera del casco urbano para acceder al servicio y, en definitiva, dejando en la práctica el municipio de Salou sin conexión ferroviaria hacia el sur.

La desaparición de las vías y de las estaciones de Salou y Cambrils dificultará y postergará de forma irreversible la implementación de la nueva infraestructura de tren-tranvía prevista para las poblaciones, conduciendo a la no realización final del proyecto.

PTP coincide en el razonamiento expresado por el Síndic de Greuges, en el sentido de la obligación de la Administración de invertir de forma diligente los recursos procedentes de las arcas públicas. En este sentido, el coste que debería destinarse a la conversión de la línea integrada en la trama urbana sería menor que el coste del desmantelamiento total de la infraestructura y posterior e inconcreta construcción de un tranvía. La conversión implicaría reutilizar gran parte de las infraestructuras y los elementos auxiliares ya existentes, mientras que el desmantelamiento se traduce en una duplicidad de tareas: desmantelar para luego volver a construir. Ver anexo 5 (carta al  alcalde Granados) y anexo 6 (carta a la alcaldesa Mendoza).

Los Ayuntamientos de Salou y Cambrils no han dado ninguna respuesta a los razonables planteamientos de la PTP.

 

4 – El 18 de octubre de 2018 la PTP remitió escrito al Departamento de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (ver anexo 7),  manifestando la preocupación por el tema expuesto y la falta de lógica en desmantelar unas instalaciones, cuando su conversión resultaría más económica y beneficiosa para la ciudadanía. En el escrito se resalta la vulneración del ordenamiento jurídico, tanto por el incumplimiento de la normativa urbanística como por la inacción y falta de respeto a la normativa ferroviaria, concretamente a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, que establece que, previamente a ser excluida una línea de la Red Ferroviaria, se dará traslado a la Comunidad Autónoma para que emita un informe sobre el interés general de aquella vía, y la línea puede ser traspasada a la Comunidad Autónoma a instancia de esta. Este hecho implica que la Generalitat de Catalunya tiene la posibilidad de evitar el desmantelamiento y ejercer sus competencias en materia de movilidad, infraestructuras, y transporte en ferrocarril, tanto exigiendo el traspaso de la línea como asegurando el mantenimiento de un servicio mínimo de cercanías. No lo hace. Además, la Generalitat de Catalunya tiene las competencias en materia de servicios de trenes regionales interiores de la Comunidad Autónoma desde el 1 de enero de 2011, de conformidad con el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat con fecha 17 de noviembre de 2010, que da cumplimiento al Estatuto de Autonomía. La actual línea R16 (Barcelona – Port Aventura – Cambrils – Tortosa) forma parte de estos servicios.

El secretario de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín i Valls, dio respuesta a esta carta con fecha de registro de salida 29 de enero de 2019. En la misiva se informa que el Departamento de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya envió una carta al Ministerio de Fomento, con fecha 20 de noviembre de 2015, solicitando “el establecimiento de los mecanismos necesarios para hacer posible la continuidad del corredor ferroviario actual como línea de tren-tranvía entre Cambrils y Port Aventura, y la reasignación de los fondos previstos para el desmantelamiento y restitución del corredor actual a la nueva configuración tranviaria”. Pero la carta no da respuesta sobre cómo se hará la transición hacia el tren-tranvía, que dejará desamparadas a las personas usuarias durante varios años. (ver anexo 8).

 

5 – Con fecha 14 de diciembre, los ayuntamientos de varios municipios del Camp de Tarragona y el Departamento de Territori i Sostenibilitat hacen público un acuerdo para hacer “frente común” ante el Estado y, entre otras resoluciones, piden el desmantelamiento de la línea férrea con carácter previo a la adaptación a tren-tranvía, sin plazos ni presupuesto (ver anexo 9). Posteriormente el consejero de Territori i Sostenibilitat insiste en la idea de desmantelar para volver a construir más tarde (anexo 10).

 

6 – La situación brevemente expuesta vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica y apela al derecho del ciudadano de participar de los asuntos públicos, conceptos que nos legitiman a instar la intimación de la acción a la administración, principios todos ellos contenidos en la Constitución Española.

En efecto, es notorio el incumplimiento de directrices de ordenación territorial:

  • El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012 de 22 de febrero, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo (TRLUC), expresa claramente que la normativa urbanística debe ser respetada en todo momento, tanto por las Administraciones Públicas como por los ciudadanos, y no se pueden admitir inobservancias de la normativa.
  • El desarrollo urbanístico sostenible conlleva la configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión y favorezcan la cohesión social, transformándolo en un territorio globalmente eficiente tal como describe la ley 6/2009 de evaluación ambiental.

Las administraciones, estatal y autonómica, en connivencia con los municipios, están haciendo caso omiso de la siguiente normativa:

  • Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprobado definitivamente el 10 de enero de 2010, de carácter vinculante, y que dice: “… se procederá a la adaptación de la línea ferroviaria actual para instalar una línea de tren-tranvía entre Cambrils y Port Aventura, ante la desafectación ferroviaria y en contraposición al desmantelamiento integral de la misma, prevista entre Cambrils y l’Hospitalet de l’Infant”.
  • Este documento oficial, que marca el futuro de las infraestructuras en el Camp de Tarragona, distingue claramente entre “Acondicionamiento Tren-Tranvía” y “Desafectación ferroviaria”.

Recordemos que en el escrito dirigido a la Generalitat ya se pedía el traspaso de la línea como paso previo y obligatorio para alcanzar las competencias derivadas del transporte ferroviario.

  • Ley 38/2015, del sector ferroviario: artículos 4 y 11 que regula el traspaso a la Generalitat en el caso de clausura de la línea, regulación que no se ha respetado. Del artículo 11 se desprende que “Con carácter previo a la adopción del acuerdo de clausura de la línea o tramo afectado, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de las comunidades autónomas y entidades locales que pudieran resultar afectadas.”. Además el artículo 4 especifica “El Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las comunidades autónomas afectadas, una determinada infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión en aquélla. Dicha infraestructura ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad autónoma correspondiente.”.
  • Ley 9/2003, de movilidad: se vulneran los mismos fundamentos de la ley, cuando declara que tiene por objeto: “… determinar los instrumentos necesarios para que la sociedad catalana alcance los objetivos de sostenibilidad y seguridad y para garantizar a todos los ciudadanos una accesibilidad con medios sostenibles. Con el mínimo impacto ambiental, y la implicación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas. Así como también la distribución adecuada de los costes de implantación y gestión del transporte y el fomento del desarrollo urbano sostenible y el uso racional del territorio.”.
  • Ley 16/2017, de lucha contra el cambio climático: que proclama el uso generalizado del transporte público sostenible.
  • Decreto 36/2006, de Directrices Nacionales de Movilidad: que fomenta la introducción de la accesibilidad en el transporte público, en el proceso de planificación de los nuevos desarrollos urbanísticos y en los ámbitos urbanos consolidados.

Por otra parte, la Generalitat ya tiene adquiridos compromisos para convertir la línea ferroviaria en tren-tranvía, a los que se debe sentir vinculada por mínima coherencia con sus propios actos y normas reguladoras:

  • Estudio de viabilidad de un tren ligero en el Camp de Tarragona, 2001
  • Plan de Transportes de Viajeros de Catalunya aprobado en diciembre de 2002
  • Plan de infraestructuras del transporte de Catalunya 2006-2026, aprobado en 2006
  • Estudio informativo para implantar un sistema tranviario en el Camp de Tarragona, aprobado en 2010
  • Orden de Estudio previo del nuevo tren-tranvía del Camp de Tarragona. Tramo Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona. En el objetivo de la contratación se menciona claramente el aprovechamiento de la infraestructura y su adecuación a las nuevas funcionalidades (tren-tranvía), pero nunca un desmantelamiento integral previo.

Por último, como anexo 11 aportamos una de las muchas entrevistas, apariciones en prensa donde alertábamos a las administraciones de las afectaciones que el desmantelamiento tendría sobre los pasajeros del transporte público. En todo momento se ha intentado hacer entender a las administraciones las consecuencias de las decisiones que estaban tomando, sin éxito.

 

En base a lo expuesto, y ante la falta e imposibilidad de obtener una interlocución clara con las Administraciones responsables, presentaremos la presente denuncia ante la Fiscalía, y desde la PTP denunciaremos tres elementos básicos:

 

Primero, la inactividad flagrante de las Administraciones ante la necesidad de cumplir con la satisfacción de un servicio público de interés general. Ante esta inacción defendemos el mantenimiento de la vía y de un servicio de cercanías provisional hasta que no se materialice el tren-tranvía, frente a los intereses inmobiliarios y especulativos que están defendiendo incomprensiblemente los poderes públicos.

 

Segundo, la falta de respeto y el incumplimiento de la normativa territorial y urbanística de rango superior vigente en Catalunya, así como también toda la normativa relativa al sistema ferroviario y a la movilidad en general. Ante este incumplimiento reivindicamos el ajuste a los principios de eficacia y legalidad de la Administración.

 

Tercero, la nefasta utilización de los recursos públicos, al ignorar el posible, necesario y congruente mantenimiento de la infraestructura básica. Apelamos al principio de “buena administración” contenido en la “Carta Europea de Derechos Fundamentales”, principio que obliga a invertir diligentemente los recursos públicos.

 

En virtud de todo lo expuesto,

 

Solicitamos a la Fiscalía, en su especialidad procesal de Urbanismo y Medio Ambiente -que incluye territorio y movilidad, y en cumplimiento del artículo 5 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal por razón de los hechos denunciados de incumplimiento en la normativa de ordenación del territorio, y ante el despilfarro de los recursos públicos existente; que, formulada la presente denuncia y aportados los once documentos que se acompañan, sea admitida y se ordene la práctica de las diligencias de investigación necesarias y precisas para la comprobación de los hechos, por si fueran constitutivos de uno o varios delitos por el desvío que suponen de la satisfacción del interés público que debe justificar y motivar toda actuación administrativa; y por el grave incumplimiento legal que contienen en la medida en que son contradictorios y vulneradores de la normativa vigente.

 

Barcelona, ​​26 de febrero de 2019

 

Firmado:

 

Ricard Riol Jurado