El Síndic da la razón a las entidades e insta al Estado y a la Generalitat a poner un tranvía en vez de desmantelar el servicio como piden los alcaldes de Salou y Cambrils

 

Concurrida estación de Salou, este mes de abril

 

Tarragona, 12 de junio de 2018. Informamos que hoy, 12 de junio de 2018, el Síndic de Greuges de Cataluña ha emitido un dictamen sobre las más de 200 denuncias ciudadanas contra el desmantelamiento del ferrocarril en Salou y Cambrils. El Síndic apoya claramente la denuncia de las entidades y sindicatos: “El desmantelamiento de una infraestructura que podría ser reutilizada para garantizar la movilidad con el mínimo de efecto negativo para el medio ambiente vulneraría el derecho a la movilidad”, ha emitido en un comunicado. Estas denuncias fueron promovidas por la plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona y la asociación para la Promoción del Transporte Público desde el pasado mes de abril.

Ninguna administración ha podido demostrar ante el Síndic haber seguido el procedimiento legal necesario para traspasar la línea del Estado a la Generalitat para hacer un tranvía. En palabras del Síndic: “Tras haber solicitado información a las administraciones, el Síndic no tiene constancia de la emisión por parte de la Generalitat de Cataluña de este informe previo y tampoco de la comunicación del acuerdo de clausura del Ministerio de Fomento a la Generalitat o a los ayuntamientos afectados. Frente este hecho, el Síndic ha informado del caso al Defensor del Pueblo con el objetivo de que este pida información concreta al Ministerio de Fomento acerca del estado de los informes previos y comunicaciones.

En cuanto los Ayuntamientos de Salou y Cambrils, el Síndic les recuerda que “deben defender ante el Ministerio de Fomento el proyecto de acondicionamiento tren- tranvía de la actual línea ferroviaria” de acuerdo con la previsión urbanística vigente; algo que no tiene nada que ver con lo que han hecho el alcalde de Salou, Pere Granados, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, exigiendo un desmantelamiento integral e inmediato de la infraestructura ferroviaria, sin que ni siquiera haya proyecto, financiación y definción técnica y urbanística del nuevo tranvía.

Ante la falta de diligencia de las administraciones públicas demostrada recientemente por el Síndic, las entidades en defensa del transporte público estudiarán nuevas movilizaciones y acciones legales para evitar la pérdida de este importante corredor de transporte público.

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