La Associació Valenciana Pel Transport Públic (AVPTP) y la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) han presentado aportaciones conjuntas al anteproyecto de “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del transporte público urbano”, un proyecto de ley de ámbito estatal de gran trascendencia para el transporte público en fase de consulta pública.

Nuestras propuestas impulsan la movilidad sostenible y los transportes en común. La movilidad debe convertirse en un servicio de interés general, universal, moderno, garante de igualdad y de cohesión social y territorial, sujeto a permanente evaluación de medidas, participación pública y transparencia. Actualmente la financiación del transporte público es desigual, injusta y está obsoleta. Esta desigualdad se debe a que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público que la regule mediante criterios objetivos, racionales y equitativos.

Las aportaciones que hemos realizado hacen referencia a los siguientes aspectos:

  • Financiación y fiscalidad: Implantación de instrumentos de carácter plurianual, que otorguen estabilidad al sistema y garanticen la suficiencia de recursos. Creación de un fondo público de financiación del transporte público y la movilidad sostenible nutrido con aportación presupuestaria, fiscalidad sobre hidrocarburos (incluyendo aviación), peajes, viñetas y multas de tráfico. Distribución de este fondo mediante un cálculo objetivo y normativamente prefijado, con un criterio de reparto principalmente poblacional. Los generadores de movilidad obligada o masiva deberían optar entre facilitar el acceso con movilidad sostenible o un pago compensatorio destinado a la financiación del transporte.
  • Planificación: Prioridad para el transporte de uso cotidiano: servicios ferroviarios urbanos, de cercanías y regionales. Planificación integrada y jerarquizada entre distintos modos y operadores. Programas únicos de inversiones basados en la determinación de los servicios necesarios y, en base a estos, definiendo las infraestructuras requeridas (y no al revés). Acceso con transporte público a centros de trabajo y servicios básicos garantizado. Los municipios de más de 5.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
  • Integración: Un recorrido = un único título de transporte, independientemente de los modos de transporte utilizados y de los operadores. Creación de títulos que favorezcan la utilización intensiva del transporte público, tendiendo a una tarifa plana mediante barreras de gasto mensuales. Imagen/marca única y comprensible por área funcional o geográfica, favoreciendo la percepción de todos los servicios como uno solo. Los operadores deberán compartir y publicar datos tanto de oferta como de demanda en formatos abiertos e integrables.
  • Competitividad: La velocidad comercial y los tiempos de viaje comparativos son las características críticas del transporte público. Generalización de las medidas que mejoran estos parámetros: racionalización de las redes, coordinación horaria, generalización de las plataformas reservadas y prioridad semafórica.
  • Movilidad activa: Obligatoriedad de la construcción de vías segregadas para la movilidad a pie y con vehículos no motorizados como parte de toda nueva infraestructura de conexión entre municipios.
  • Transparencia y participación pública: Establecimiento de mecanismos de participación social a través de asociaciones de defensa del interés general y de usuarios/as, en la toma de decisiones de planificación, diseño, construcción y explotación de los sistemas de transporte público.