El primer día de huelga en Renfe se ha caracterizado por la desatención a las personas usuarias y el incumplimiento flagrante de los servicios mínimos.
Corresponde a los representantes electos de la ciudadanía decidir sobre la transferencia del servicio ferroviario en Cataluña. El papel de los sindicatos en esta cuestión debería tener como objetivo asegurar el mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras afectados.
Los servicios mínimos establecidos por la Generalidad de Cataluña (85% del servicio de Cercanías) eran muy superiores a los impuestos en huelgas anteriores a otros operadores o anteriores huelgas de RENFE, pero se han incumplido de forma generalizada.
La PTP lamenta que, en plena pandemia y cuando necesitamos más movilidad sostenible para la emergencia climática, el transporte público sea noticia por un incumplimiento de los servicios mínimos.
El primer día de huelga en Renfe, y venden más, ha supuesto la práctica paralización del servicio ferroviario en la red de ADIF con incidentes de todo tipo y la desatención casi total a los usuarios: casos de circulaciones interrumpidas a medio trayecto, dejando los pasajeros sin ningún tipo de transporte alternativo, cierre de estaciones por aglomeración y una falta total de información para el viajero. Además, el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos ha hecho que cualquier desplazamiento en tren haya sido prácticamente imposible, afectando a los usuarios de una forma más severa que en huelgas anteriores. La situación es aún más grave teniendo en cuenta que seguimos estando en pandemia por la COVID19 y en muchos sectores aún hay limitaciones de aforo. Las imágenes de aglomeraciones en espacios cerrados que hemos visto hoy justamente son las que según las autoridades sanitarias deberían evitarse.
Según el sindicato convocante, los motivos para la huelga son literalmente”las transferencias de personal y material, la recuperación de los trenes, la recuperación del empleo y la recuperación del Servicio alciudadano”[1] y “acción frente a la posible transferencia de Activos, material y personal en Cercanías de Cataluña” [2]. Estos motivos se reiteran en el comunicado emitido con motivo de la convocatoria de huelga [3]. Respetamos el derecho de huelga de cualquier colectivo, pero vemos que los motivos no hacen referencia a las condiciones de trabajo sino a la organización del servicio Creemos que se trata de una cuestión que corresponde resolver a los representantes electos de la ciudadanía, y en este caso la acción sindical debería tener como objetivo asegurar el mantenimiento íntegro de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras afectados. Es más, los servicios ferroviarios públicos necesitan más trenes y más personal para poder convertirse en la opción de movilidad preferente en Cataluña
El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, como administración competente, dictó unos servicios mínimos del 85 % para Cercanías. Se trata de unos servicios sensiblemente superiores a los que se han aplicado en las últimas huelgas de operadores de ámbito metropolitano, justificados por la administración pública en base a la situación sanitaria actual (para evitar aglomeraciones), pero el incumplimiento generalizado de los servicios establecidos los ha dejado en nada. La disponibilidad de las circulaciones esenciales establecidas es un derecho de la ciudadanía, y hay que pedir responsabilidades por la no circulación de los trenes previstos.
En plena lucha contra el cambio climático, con unas ciudades que están recuperando los niveles de congestión y contaminación prepandèmia, situar al transporte público en el punto de mira mediático como un sistema fallido, es la menos inteligente de las estrategias posibles cuando el que se pretende es un buen servicio para la ciudadanía.