La reforma del seguro de paro que promueve el Gobierno español está encontrando una fuerte contestación en la sociedad, tal como se ha evidenciado en la tradicional manifestación del primero de mayo. Incluso, la prensa habla abiertamente de la clara posibilidad que los sindicatos convoquen una huelga general por este motivo el próximo 20 de junio. Pero poca gente parece haber prestado atención a determinados aspectos de esta reforma que tienen
que ver con los derechos de movilidad de la ciudadanía
y que podrían llegar a tener graves consecuencias en el plano económico y social.

Nos referimos al controvertido aspecto de penalizar económicamente a los parados que no acepten un trabajo, aunque no sea de su interés, cuando éste se encuentre radicado a una distancia de hasta 50 km del domicilio del interesado. Este punto forma parte del paquete de medidas del Gobierno “para estimular la movilidad laboral”.

La reforma legal promovida por Gobierno español excluirá mucha gente de la posibilidad real de aceptar el trabajo que se les ofrece cuando el puesto de trabajo se encuentre a una cierta distancia. Pues bien, es sabido que en nuestro país la mitad de la población no tiene carnet de conducir. Además, dos terceras partes de la población, por no tener permiso de conducir o por no tener un coche a mano, dependen del transporte público, de la bicicleta o del coche de un compañero de trabajo. Si a estas personas se las obliga a ir a trabajar a una distancia de hasta 50 km se cometerá un acto de injusticia porque físicamente les será imposible hacerlo en la mayoría de recorridos. A menos que cambien de domicilio.

En el caso de Cataluña, moverse en transporte público dentro de Barcelona es sencillo, pero cuando hay que ir a 50 km las cosas es van complicando, por la razón bien evidente que el transporte público es más débil y de peor calidad cuando más se aleja uno de la capital. En bastantes poblaciones del área metropolitana, muy especialmente en los polígonos industriales, el transporte público es inexistente.

Si se trata de trabajos fuera del área metropolitana, encontrar un transporte público mínimamente conveniente es realmente una odisea.

Pero para la gente que tiene coche, calculando un coste de 50 ptas/km –que es el coste real mínimo de desplazarse en coche, es decir, el coste que habría de facturar si el trabajador contase como cuenta una empresa– y una distancia diaria de 100 km -50 km de ida y 50 de vuelta- supondría un gasto de transporte de 661 € al mes (110.000 ptas). El coste del transporte se comería la mayor parte de los ingresos. A veces, se los comería todos. Para la gente que mueve poco el coche, cada kilómetro tiene un coste alrededor de las 100 pesetas, es decir, aún peor.

Lo que sucede en Cataluña pasa agravado en toda España. Todos estos argumentos parecen razones suficientes como para pedir la retirada de este
punto de la reforma del seguro de paro que promueve el Gobierno
ya que socialmente resulta inaceptable.